(Notícia em Espanhol)
El sistema de transporte público está inmerso, en mayor medida en varias ciudades del noreste argentino (NEA) y la Mesopotamia, en un conflicto –que se deja sentir por la decisión de algunas empresas de empezar a reducir la frecuencia de sus viajes- motivado por la reducción del cupo de gasoil subsidiado que aportan las petroleras con el respaldo del Gobierno nacional.
En los últimos años, el kirchnerismo implementó un complejo programa de subvenciones al combustible que consumen las empresas que prestan servicios de transporte público de personas. Tras el objetivo político de impedir la suba indiscriminada de los pasajes, el Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido, fijó en $ 0,97 el precio del gasoil que utilizan las transportistas. El combustible representa un parte importante –cercana al 50%- del costo de los boletos. La diferencia con el precio de mercado que cobran las petroleras –que a nivel país ronda los $ 3,50- la cubre el Estado.
El problema es que no paga ese margen con dinero, sino que les entrega certificados de crédito fiscal que luego las petroleras tienen que canjear cuando liquidan impuestos. Ese es el andamiaje que empezó a fallar este año, porque las refinadoras –encabezadas por YPF- acumularon bonos fiscales por tanto dinero que hoy excede lo que deben pagar por impuestos. De ahí la decisión de las empresas de entregar, paulatinamente, menos gasoil del previsto, y la posterior medida del Gobierno –alineado en este caso con las destiladoras- de reducir en un 20% la oferta del combustible subsidiado.
El sistema de transporte público está inmerso, en mayor medida en varias ciudades del noreste argentino (NEA) y la Mesopotamia, en un conflicto –que se deja sentir por la decisión de algunas empresas de empezar a reducir la frecuencia de sus viajes- motivado por la reducción del cupo de gasoil subsidiado que aportan las petroleras con el respaldo del Gobierno nacional.
En los últimos años, el kirchnerismo implementó un complejo programa de subvenciones al combustible que consumen las empresas que prestan servicios de transporte público de personas. Tras el objetivo político de impedir la suba indiscriminada de los pasajes, el Ministerio de Planificación, que dirige Julio De Vido, fijó en $ 0,97 el precio del gasoil que utilizan las transportistas. El combustible representa un parte importante –cercana al 50%- del costo de los boletos. La diferencia con el precio de mercado que cobran las petroleras –que a nivel país ronda los $ 3,50- la cubre el Estado.
El problema es que no paga ese margen con dinero, sino que les entrega certificados de crédito fiscal que luego las petroleras tienen que canjear cuando liquidan impuestos. Ese es el andamiaje que empezó a fallar este año, porque las refinadoras –encabezadas por YPF- acumularon bonos fiscales por tanto dinero que hoy excede lo que deben pagar por impuestos. De ahí la decisión de las empresas de entregar, paulatinamente, menos gasoil del previsto, y la posterior medida del Gobierno –alineado en este caso con las destiladoras- de reducir en un 20% la oferta del combustible subsidiado.